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Quiénes son y cuáles son los casos más sensibles de tráfico de influencias, amistades y corrupción.Había pasado apenas una semana desde la asunción de Mauricio Macri cuando el Grupo Techint decidió despedir a 189 trabajadores de su planta de Siderca en Campana. Los empleados conocieron la decisión el mismo día que el CEO de la empresa, Paolo Rocca, cerraba el seminario ProPyme en el Hotel Sheraton junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Un día después, el titular de la mayor productora de acero de América Latina se dejó fotografiar con Macri en la inauguración de las estaciones Córdoba y Las Héras de la línea H. Mientras eso sucedía, la UOM peleaba por las reincorporaciones en el Ministerio de Trabajo. Curiosamente el encargado de la negociación por parte del Estado era Miguel Ángel Punte, quien hasta días antes era gerente de Recursos Humanos de Techint y ahora oficiaba de secretario de Empleo.

La anécdota es apenas una muestra de la nueva convivencia entre las grandes corporaciones y el nuevo gobierno.

Más de cuarenta ejecutivos de treinta empresas se han sumado en los últimos meses al flamante gabinete nacional y, muchos de ellos, en áreas directamente vinculadas a los intereses de sus antiguos empleadores.
Dentro del listado se encuentran las entidades financieras JP Morgan, Deutsche Bank, ICBC, Citibank, Galicia y HSBC; las proveedoras de servicios públicos Edenor, Edesur, Telecom y Telefónica; las empresas de hidrocarburos Esso, Axion y Pan American Energy; el grupo inversor Pegasus (que posee a Farmacity y Freddo); la aerolínea LAN; la embotelladora Coca-Cola/Femsa; la compañía de automóviles General Motors o la concesionaria Dietrich.

¿Qué sucede cuando un CEO pasa del otro lado del mostrador?

Ningún cortocircuito

Tras 37 años en Shell, Juan José Aranguren anunció en junio de 2015 su retiro de la petrolera holandesa. Sus últimos doce años había ejercido como CEO de la compañía y, como tal, había protagonizado grandes cruces mediáticos con las autoridades nacionales. Además, durante su gestión, la compañía había recibido más de 100 denuncias por desabastecimiento de la Secretaría de Comercio que se tradujeron en millonarias multas.

Poco tiempo le duró el retiro. Desde el 10 de diciembre es el flamante ministro de Energía y Minería del gobierno nacional. Una de sus primeras medidas en el cargo fue disolver la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y derogar varios artículos del Reglamento del régimen de soberanía hidrocarburífera. De tal forma eliminó el organismo capaz de imponer multas en casos de desabastecimiento y controlar los precios de venta del combustible en el país. Al día siguiente de publicado el decreto 272 en el boletín oficial las petroleras anunciaron una suba del 6% en los precios de surtidor y a principios de abril anunciaron un nuevo incremento del mismo porcentaje.

El apellido de Aranguren también figura junto al de Macri en el decreto 258/2016 en el que se designa al nuevo directorio del Ente Nacional Regulador de la Eléctricidad (ENRE), un organismo encargado de controlar que las empresas del sector cumplan con sus obligaciones.

Curiosamente, dos de sus cinco integrantes provienen de las compañías que el ente debería vigilar.
Juan Garade, vocal segundo, fue gerente de Planificación Económica de Edenor entre 1992 y 1998 y Director de Planificación, Control y Regulación de Edesur entre 2001 y 2012; mientras que Ricardo Sericano, vocal tercero, ocupó distintas gerencias de Edenor entre 1992 y 2010.

Edenor y Edesur son responsables directos por los intermitentes cortes de luz que afectaron al área metropolitana de Buenos Aires en los últimos veranos. En 2015, por caso, el 75% de los reclamos por mal funcionamiento de los servicios públicos recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires correspondieron a falencias de estas empresas.

Estas compañías eléctricas recibieron otra buena noticia el 29 de enero, cuando Aranguren anunció un nuevo cuadro tarifario para el sector que implicó un aumento promedio del 507% en la factura de luz para el 70% de los usuarios. Justamente el hombre que debía supervisar esa decisión era el flamante Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio, Andrés Chambouleyron. En su linkedin puede leerse que fue consultor de Compass Lexecon, una empresa estadounidense que asesora a grandes corporaciones en casos de arbitrajes internacionales y desde la cual intervino como experto de parte para distintos clientes que demandaron a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) en al menos once ocasiones (tres de las cuales estuvieron vinculadas a casos de distribución de la electricidad y una a transporte eléctrico).

Pero estos no son los únicos cambios de camiseta que se produjeron en el Ministerio. Al frente de la Subsecretaría de Energías Renovables fue nombrado a Sebastián Kind, ex jefe de energías alternativas de PAE y asesor de energía eólica para British Petroleum; y como secretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación fue designado José Luis Sureda, ex vicepresidente de Gas de Pan American Energy. También se recurrió a ex ejecutivos de ESSO, Axion, Shell, Metrogas y Total que figuran en el listado adjunto.

Piel de cordero

Como queda de manifiesto, los vínculos entre las corporaciones y el Estado no siempre se producen en las primeras líneas a ambos lados del mostrador. Así, otro sugestivo vínculo se produce en la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo destinado a la investigación del lavado de activos, la coordinación de actividades para prevenir e impedir ese delito y la promoción de querellas contra los presuntos responsables. Como vicepresidenta de ese organismo Mauricio Macri designó a María Eugenia Talerico, abogada del banco HSBC en casos de lavado. Precisamente esa entidad financiera fue acusada por la UIF por haber permitido la fuga de 3.500 millones de dólares en 4040 cuentas.

Aún más, Talerico presentó un descargo en representación del banco ante la Justicia en el que “argumenta en contra de la capacidad de sanción del organismo, de la potestad de su Presidente para iniciar sumarios y objeta los montos de las multas establecidos por ley del Congreso”, según relata Sebastián Premici en un artículo de Página/12. En concreto, añade, plantea la inconstitucionalidad de artículos claves de la norma que persigue el encubrimiento y el lavado de activos. Es decir que argumenta en contra de las funciones del organismo en el que ahora debe ejercer su vicepresidencia. Se da por entendido, entonces, cual puede ser su desempeño a la hora de actuar en representación del Estado.

Esta elección cobra mayor relevancia en los últimos días a raíz de la presentación de la investigación “Panamá Papers”, realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación Internacional (ICIJ por sus siglas en inglés), en la que el actual presidente figura como director de una sociedad registrada en Bahamas y nunca declarada. Si bien tener una sociedad offshore no es un delito, esta suele ser usada como un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito penado por las leyes argentinas. Quien debería investigarlo es, precisamente, la UIF.

En la misma línea también puede ubicarse la decisión del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, ex Jefe de Investigación de Monedas de JP Morgan, de designar como principal negociador con los fondos buitres a Luis Caputo. El nuevo Secretario de Finanzas del Ministerio es un ex compañero de Prat-Gay de la época en que ambos trabajaban en el JP Morgan y luego CEO de la filial del Deutsche Bank en Argentina, cargo que dejó en 2008 para fundar Noctua Partners, precisamente un fondo de riesgo con sede en Miami que realiza operaciones semejantes a las de los buitres. En pocos días Caputo cerró un acuerdo con los fondos más beligerantes que implica pagarles unos 4.653 millones de dólares en efectivo en los próximos días, para lo que Argentina emitirá bonos por 12 mil millones de dólares, lo que representa la deuda más grande a la que se ha sometido un país en desarrollo en 20 años, según consignó el diario británico Financial Times.

Por todas las dependencias

Las designaciones en el área económica fueron muy celebradas en el ámbito financiero y empresarial, que aportó numerosos funcionarios. Basta mencionar que el titular de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), Claudio Cesario, aseguró que para coordinarlos “habrá que ser como el técnico del Barcelona”, considerado uno de los mejores equipos de fútbol de la historia.

Pero las aquí citadas no son las únicas áreas del ejecutivo donde se producen curiosos saltos de un lado del mostrador al otro. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, está conducido por Guillermo Dietrich, ex CEO y actual integrante del directorio del grupo de retail de la industria automotriz que lleva su apellido. Al frente del Ministerio de Cultura quedó Pablo Avelluto, ex director editorial de la región sur de Random House Mondadori. Otro cambio semejante atravesó Alejandro Cacetta, nuevo presidente del INCAA, pero ex gerente de Negocios y Finanzas de de Pol-ka (2001-2006) y de Patagonik Group (2009-2015).

No deja mucho lugar a la especulación la designación como secretario de Industria y Servicios del Ministerio de Producción de la Nación de Martín Etchegoyen, ex Director Ejecutivo de la UIA desde 2006 hasta 2015.

El criterio de selección de funcionarios dentro de la empresa privada no es exclusivo de la jurisdicción nacional. En la Provincia de Buenos Aires, también gobernada por el PRO, María Eugenia Vidal nombró a Martin Sarquis, ex Gerente General de la división de semillas de Monsanto para Argentina, Uruguay y Paraguay entre 2005 y 2007, como ministro de Asuntos Agrarios. El guiño para los productores bonaerenses es aún más claro para el llamado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel, cuyo hijo Rosendo es uno de los asesores del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña.

El ejemplo trasandino

Una mirada por el pasado reciente de Argentina permite recordar otros casos de ministros que pegaron el salto desde las altas jerarquías de la actividad privada. Entre ellos los de Miguel Angel Roig y Nestor Mario Rapanelli, ambos ministros de Economía de Carlos Menem que fueron nombrados sucesivamente cuando ocupaban el cargo de vicepresidente Ejecutivo General de Bunge y Born. Sin embargo, no hay tradición de un gabinete integrado por tantos funcionarios procedentes de cargos directivos en empresas privadas.

La situación es más habitual en otros países cuyas economías históricamente han estado más abiertas al libre mercado. Del otro lado de la cordillera está el ejemplo más próximo y la historia guarda una curiosa semejanza. Al momento de llegar al poder en 2010, Sebastián Piñera era una de las personas más ricas de Chile (con un patrimonio de más de dos mil millones de dólares según la revista Forbes). Poseía, entre otros bienes financieros e inmuebles, la línea áerea LAN, el canal de TV Chilevisión y un porcentaje del club de fútbol Colo-Colo.

Con un énfasis destacado en la presunta eficiencia de la actividad privada,

Piñera armó un primer gabinete de gobierno en el que 13 de sus 22 miembros no provenían de la actividad política. La mayoría, en cambio, procedían del ámbito empresario.
Entre ellos estaban el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que había integrado el directorio del Grupo Angelini (tercero en tamaño del país); el ministro de Minería Laurence Golborne, que había sido gerente general de Cencosud (Jumbo, Easy, Super Vea); el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, ex gerente de Empresas Penta; y el ministro de Deporte Gabriel Ruiz Tagle, con quien Piñera compartía sociedad en el club Colo Colo.

Muchos de estos funcionarios luego quedaron involucrados en denuncias de tráfico de influencias y corrupción. Los últimos dos, por ejemplo, aún pasean por los tribunales y Wagner cumple prisión domiciliaria tras ser enjuiciado por cohecho al ser acusado de cobrar cerca de 42 millones de dólares durante su etapa en la función pública de parte de Penta, la compañía en la que había trabajado anteriormente.

Equipo con sponsor

Mauricio Macri presentó a su gabinete una semana antes de asumir la presidencia. Aquel 3 de diciembre, después de sacarse una foto en el Jardín Botánico posando como si se tratara de un plantel de fútbol que va a jugar el mundial, aseguró a la prensa que se trataba del “mejor equipo posible de los últimos 50 años”. La experiencia de los funcionarios, en la mayoría de los casos, la habían realizado en equipos/empresas que mueven enormes sumas de dinero en todo el mundo. Por eso mismo nadie discute su conocimiento del mercado en el que se desenvolverán. Su experiencia, sin embargo, genera inquietud en un sector de la población que observa con preocupación cómo el poder político y el económico parecen reencontrarse en las mismas manos.

El equipo de Macri ya está jugando su partido. Como suele decirse en el fútbol, el resultado no se conocerá hasta el silbato final. Mientras tanto, solo puede comentarse el historial de los jugadores y ver cuáles son los logos que auspician al equipo del Presidente.

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Nota : Por JAVIER BORELLI

Economía